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En las próximas dos semanas, Honduras espera resolver un tema que tiene enfrentado al país: ¿se debe, o no, despenalizar el aborto?En enero de este año, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández —un conservador abogado de 48 años— envío al Congreso Nacional una serie de reformas al Código Penal para, según su administración, pelear con mejores armas contra los criminales.El paquete de iniciativas proponía penas más duras frente a terroristas, homicidas, secuestradores, extorsionadores y pandilleros, entre otros delincuentes. Un despliegue de mano dura que el gobierno extendió hasta el aborto, ya que dejó intacto el artículo 126 que desde 1983 impera en el país centroamericano: bajo cualquier circunstancia, interrumpir un embarazo se castiga hasta con una década en prisión.Siguen huyendo de Honduras: 'aquí es más más fácil que te disparen que encontrar trabajo'. Leer más aquí.
La discusión del nuevo Código Penal se convirtió en una oportunidad para que organismos de derechos humanos y a favor de las mujeres promovieran que Honduras se alineara a lo que dicta el derecho penal internacional: que el aborto se despenalice si es producto de una violación, si el embarazo pone en peligro la vida de la madre o si el feto tiene malformaciones o síndromes graves que supongan una vida dolorosa para el niño o niña.Organizaciones civiles como Somos Muchas o Articulación 611 comenzaron a cabildear a favor de la despenalización en el Congreso hondureño y ganaron terreno principalmente entre los partidos de izquierda como Libertad y Fundación y el Partido Innovación y Unidad. Sin embargo, esos partidos son minoritarios y necesitan de los tradicionales para convertir una iniciativa en ley.La mayoría del parlamento está en manos de dos grupos conservadores: el Partido Nacional y el Partido Liberal. El primero —donde milita el presidente Hernández— se define como "humanista cristiano" y desde el inicio de la discusión adelantó que votaría en contra. El segundo, un partido de "centro", reunió a sus más destacados militantes y después de un cónclave anunció que también votaría en contra.La propuesta civil parecía topar con pared; sin embargo, cada vez más académicos, activistas y ciudadanos en redes sociales se han sumado a la discusión —ya van, al menos, 20 ONGs con un peso relevante que exigen la despenalización— y han pedido a los legisladores que no voten en bloque, que lo hagan según su conciencia y alejados de las presiones de la Iglesia católica.De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, unas 900 hondureñas menores de 14 años dan a luz anualmente. Por la edad de esos embarazos, es probable que la mayoría sean víctimas de violaciones o de estupro.Para esas niñas, una alternativa sería la "píldora del día siguiente", que corta la posibilidad de un embarazo si se toma en las siguientes 24 horas del encuentro o agresión sexual. Sin embargo, en 2009, el Partido Nacional hizo uso de su mayoría en el Congreso y prohibió la pastilla por considerarla "abortiva" e ir contra la Constitución.La prohibición no detuvo el uso medicamento. Sólo lo encareció, pues creó un "mercado negro" de "píldoras B", cuyo costo en la clandestinidad llega hasta 20 dólares por tableta, un precio impagable para muchas adolescentes hondureñas en condiciones de pobreza.Hablamos con un sicario de San Pedro Sula en Honduras, la ciudad más violenta del mundo. Leer más aquí.
Muchas de ellas terminarán en una estadística oficial que dio a conocer el diario Tiempo Digital: las duras leyes antiaborto en Honduras provocan que cada año se practiquen unas 3.350 interrumpciones de embarazos en condiciones de clandestinidad e insalubridad que ponen en riesgo a niñas y mujeres.La cifra de hondureñas encarceladas por aborto no son claras: algunos medios locales hablan de 17, otros de 30 y 50.La presión ciudadana por cambiar esa realidad ha causado que Naciones Unidas haya enviado comunicaciones al gobierno hondureño y le haya conminado a derogar el artículo 126."Esperamos que el Congreso hondureño aproveche esta oportunidad clave para cumplir con su obligación de eliminar la discriminación contra la mujer en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos", pidió Naciones Unidas."Al penalizar el aborto, el Código Penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos y debe ser modificado sin demoras", se sumó Amnistía Internacional.En contraste, el mandatario Juan Orlando Hernández ha dicho que sólo Dios puede quitar la vida. Incluso, dejo ver que si el Congreso da una sorpresa y despenaliza el aborto, él usaría el veto presidencial para volver a criminalizar a las mujeres.El presidente de Honduras va por una polémica reelección. Leer más aquí.
"Ustedes ya saben cuál es el instrumento jurídico que el presidente tiene para detener cualquier decisión de esas que no vaya de acuerdo a nuestra concepción, que es el respeto a la vida que sólo Dios nuestro Señor la puede dar y sólo Él la puede quitar", señaló.De acuerdo con la prensa local, el debate del aborto llegará a su final en no más de 15 días.Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEsNewsletter de VICE en español
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